• El año pasado, la Gratuidad superó por primera vez el medio millón de beneficiarios, se diseñó un programa para incentivar el acceso de mujeres a carreras STEM y fueron actualizadas las normativas internadas de las casas de estudio del Estado.

El trabajo de la Subsecretaría de Educación Superior en 2023 estuvo marcado por el incremento de los beneficios estudiantiles, el incentivo al ingreso de mujeres en carreras relacionadas con las ciencias, la preocupación por la salud mental y la actualización de los estatutos de las universidades del Estado.

Respecto al apoyo estudiantil, el año pasado la Subsecretaría asignó beneficios a 652 mil personas, por lo que más de la mitad de los estudiantes de pregrado contó con un sostén del Estado para cursar sus estudios.

De ellos, 512 mil estudiaron gracias a la Gratuidad, lo que significa que esta política pública superó por primera vez el medio millón de beneficiarios, y que 2 de cada 5 alumnos de pregrado contaron con este apoyo, cuatro veces más desde que fue creado en 2016. El 55% de quienes tuvieron la Gratuidad estudió en universidades y el 45% en la educación técnico profesional.

Además, la Junaeb anunció que, por primera vez, extenderá la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES) a los estudiantes que realicen su práctica profesional, lo que comenzará a partir de este verano 2024.

La BAES, que normalmente se entrega entre marzo y diciembre, consiste en un apoyo económico para la compra de alimentos. Actualmente beneficia a 698 mil estudiantes y, con esta extensión, serán cerca de 50 mil quienes recibirán estos recursos mientras realizan su práctica profesional en los meses estivales.

El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, explica que “fueron muchos los desafíos que asumimos durante el año 2023. Hoy estamos concentrados, además, en lo que hemos llamado una modernización de la educación superior, que significa poner nuestra educación no solo acorde a los tiempos actuales, con la incorporación de tecnología, innovación, y mejoramiento institucional, académico y de financiamiento, sino también que esté a disposición de las necesidades de los territorios, de las comunidades”.

“Es trascendental para nuestro país, que busca alcanzar el desarrollo, tener a la educación superior, sea universitaria o técnico profesional, como motor de crecimiento, siendo un aporte real a Chile. Muchas de las medidas que tomamos este año 2023 y que haremos este 2024 van en esa dirección”, agrega el subsecretario.

Mujeres en ciencias

La Subsecretaría también implementó la política pública “Más Mujeres Científicas” (+MC), que es una nueva vía de acceso a las universidades que busca aumentar la participación de mujeres en carreras relacionadas con las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas (conocidas como carreras STEM), a partir del proceso de admisión 2024.

Para ello, +MC otorgará cupos adicionales para incentivar su ingreso a estos programas de pregrado, indispensables para el desarrollo sostenible del país. En su inicio, 39 de las 45 universidades adscritas al Sistema de Acceso se incorporaron a esta iniciativa, disponiendo de 2.358 vacantes en 410 programas.

Apoyo a la salud mental

El año pasado también fue conformado el Consejo Asesor de Salud Mental para la Educación Superior, que elaborará un plan para promover la salud mental y dar una respuesta institucional a este problema, que en los últimos años ha cobrado mayor relevancia en el sector. Este año la instancia sesionó tres veces.

Nuevos estatutos en universidades estatales

Otro avance importante fue la firma de los estatutos democráticos de las universidades del Estado. Los estatutos son la principal normativa interna de una universidad, ya que, al gozar de autonomía académica, administrativa y económica, pueden estructurar su gobierno y funcionamiento interno.

Sin embargo, la mayoría de las universidades estatales tenía estatutos impuestos en dictadura, por lo que la Ley de Universidades Estatales de 2018 las mandató a adecuar sus normativas. Esto también fue un anhelo de las instituciones públicas desde el retorno a la democracia, y cobró más importancia en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

En total, 13 universidades estatales tenían estatutos que venían de la dictadura y que ahora modificaron, gracias a un trabajo que se inició en mayo de 2021, fortaleciendo así la participación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones.